El Tribunal de Cuentas calificó el uso reiterado de préstamos para pagar pensiones como una práctica que “adolescenta graves problemas de sostenibilidad financiera” del sistema.
El organismo fiscalizador explicó que, de haberse efectuado las aportaciones estatales como transferencias corrientes consignadas en los Presupuestos Generales del Estado, el patrimonio neto de la Seguridad Social dejaría de presentar un saldo negativo mayor a 110 000 millones de euros y se volvería positivo en 12 174 millones, mientras que el endeudamiento por préstamos se reduciría desde los actuales 126 171 millones de euros a aproximadamente 27 millones.
A finales de 2024 la deuda por préstamos ascendía a 126 171 millones de euros, equivalente al 7,9 % del PIB, y el endeudamiento total con el Estado alcaba 135 253 millones de euros, incluyendo una deuda a corto plazo reducida por la transferencia de funciones sanitarias y sociales a País Vasco y Navarra.
El informe recordó que el Pacto de Toledo, aprobado por el Congreso en noviembre de 2020, exigía terminar la política de préstamos para 2023, pero en 2024 y 2025 se concedieron dos nuevos préstamos de 10 004 millones de euros cada uno bajo la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
El Tribunal concluyó que “no ha sido atendida la recomendación de acabar con la política de préstamos al sistema” e instó al Gobierno a realizar los estudios y actuaciones oportunas para adecuar los balances del organismo que paga las pensiones a la realidad económico‑financiera de las operaciones de financiación del Estado.
El órgano fiscalizador también recomendó que las aportaciones del Estado se instrumentalicen a través de transferencias corrientes consignadas en los Presupuestos Generales del Estado.
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